La Defensoría del Pueblo expuso seis observaciones al proyecto de ley antimafias que tramita la Asamblea Nacional, durante las jornadas de socialización desarrolladas en la Comisión de Seguridad Integral. Las recomendaciones fueron presentadas mientras la mesa legislativa recopila criterios técnicos antes de elaborar el informe para el primer debate en el pleno.
La iniciativa busca fortalecer las herramientas del Estado para combatir las estructuras del crimen organizado mediante reformas a distintos cuerpos legales. En este contexto, representantes de varias instituciones públicas han comparecido ante la comisión para presentar sus análisis sobre el contenido de la propuesta.
Durante la sesión legislativa, delegados del Servicio de Rentas Internas (SRI) y del Ministerio de Telecomunicaciones informaron que no formularán observaciones, al considerar que el contenido del proyecto se concentra en materias penales y procesales ajenas a sus competencias institucionales.
Observaciones planteadas
Uno de los principales planteamientos de la Defensoría se refiere al nombre del proyecto. La entidad considera que la propuesta debería reflejar que se trata de una reforma a diversas normas legales y no de una ley autónoma. Por ello, sugirió una denominación que precise su alcance jurídico y legislativo.
Además, la institución recomendó revisar la proporcionalidad de las penas previstas en las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), señalando la necesidad de que cualquier incremento sancionatorio respete los principios constitucionales de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
También propuso perfeccionar la técnica legislativa para evitar inconsistencias en la incorporación de nuevos artículos y prevenir posibles vacíos interpretativos que puedan afectar la aplicación de la norma.
Delitos y extinción de dominio
Entre las observaciones presentadas consta la revisión de nuevos tipos penales contemplados en el proyecto. La Defensoría sugirió analizar si determinadas conductas deben constituirse como delitos independientes o si podrían incorporarse como agravantes dentro de figuras ya existentes.
Respecto a la extinción de dominio, la entidad respaldó el fortalecimiento de esta herramienta para combatir el patrimonio de organizaciones criminales, aunque recomendó establecer garantías para terceros de buena fe y personas que hayan actuado bajo amenazas o coacción comprobada.
Finalmente, la Defensoría insistió en la necesidad de simplificar el lenguaje jurídico del proyecto para facilitar su comprensión y aplicación por parte de jueces, fiscales, defensores públicos y ciudadanos.
Mientras tanto, la Comisión de Seguridad Integral continúa recibiendo aportes de instituciones públicas y organizaciones especializadas antes de avanzar con el informe que será sometido al primer debate legislativo.
