El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió este 26 de abril de 2026 cancelar el registro de las organizaciones políticas Unidad Popular y Construye, en una sesión marcada por tensiones, cambios de voto y cuestionamientos sobre la legalidad del proceso.
La decisión, que impacta directamente en el tablero electoral rumbo a los comicios de noviembre, no solo se definió en medio de divisiones internas dentro del organismo, sino que también provocó una inmediata reacción de actores políticos que anuncian acciones legales.
Votación dividida y decisión dirimente
En el caso de Unidad Popular, la votación inicial dejó un empate. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, y el consejero suplente José Merino votaron a favor de la cancelación, mientras que Elena Nájera y José Cabrera se opusieron en primera instancia.
Tras una solicitud de reconsideración, Nájera y Cabrera se abstuvieron, lo que dejó la resolución en manos de Atamaint, quien utilizó su voto dirimente para aprobar la cancelación.
En cuanto al movimiento Construye, la votación fue más directa: Atamaint, Cabrera y Merino apoyaron la eliminación, mientras Nájera se abstuvo.
Argumentos del CNE y contexto legal
El proceso se inició en marzo tras detectar presuntos incumplimientos legales, principalmente la falta del número mínimo de afiliados exigido por la normativa electoral.
Sin embargo, la decisión se produce en un contexto sensible debido al adelanto de las elecciones seccionales al 29 de noviembre de 2026, lo que ha generado dudas sobre si el CNE actuó dentro de los plazos establecidos por el Código de la Democracia.
Incluso, la consejera suplente María Cristina Kronfle advirtió días antes que continuar con el proceso podría vulnerar el debido proceso.
Reacciones: denuncias de ilegalidad y "fraude"
La resolución generó una fuerte reacción desde sectores vinculados a Unidad Popular.
La subdirectora nacional Mery Zamora García calificó la decisión como un "pésimo precedente" para la democracia y cuestionó directamente a las autoridades electorales.
"Hoy es Unidad Popular, mañana otras organizaciones", advirtió en su pronunciamiento público, señalando además supuestas irregularidades en la votación.
Por su parte, Geovanni Atarihuana, director Nacional del movimiento, fue más contundente y calificó la decisión como "vergüenza nacional", asegurando que se adoptó "sin argumentos y fuera de tiempo".
El dirigente anunció que acudirán a instancias como el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), la Corte Constitucional e incluso organismos internacionales para impugnar la resolución.
Lo que viene: disputa legal en marcha
Tras la cancelación, las organizaciones políticas podrán presentar un recurso subjetivo contencioso electoral ante el TCE, que tendrá la última palabra sobre la validez de la decisión.
Mientras tanto, la medida ya reconfigura el escenario político de cara a las elecciones seccionales, en medio de alianzas en construcción y un clima de creciente confrontación.
