La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) realizará este 4 de junio de 2026 un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas por el caso de los cuatro menores de Las Malvinas, en cumplimiento de una sentencia emitida por la Corte Constitucional. El evento tendrá lugar en el Hemiciclo de la Rotonda, en el Malecón Simón Bolívar de Guayaquil, desde las 16:00, como parte de las medidas de reparación ordenadas por el máximo organismo de control constitucional.

El acto se desarrolla tras la resolución emitida por la Corte Constitucional dentro de una acción extraordinaria de protección relacionada con el caso Las Malvinas. La medida forma parte de un conjunto de reparaciones destinadas a los familiares de las víctimas. La disposición establece que el reconocimiento de responsabilidad y las disculpas públicas deben ser ejecutados por el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana dentro del plazo fijado por la sentencia.

Medida ordenada por la Corte Constitucional

La decisión judicial fue emitida luego de que la Corte Constitucional aceptara una acción extraordinaria de protección presentada contra una sentencia de apelación que había negado un hábeas corpus solicitado en favor de los menores. Según los antecedentes recogidos en el fallo, la desaparición de los adolescentes fue reportada el 8 de diciembre de 2024, después de que una patrulla militar los interceptara en la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil.

Posteriormente, los menores fueron trasladados hacia Taura y abandonados en una vía de tercer orden de esa parroquia rural perteneciente al cantón Naranjal. Tras varios días de búsqueda, fueron hallados cuatro cuerpos en un estero. A finales de diciembre de 2024, las pruebas de ADN confirmaron que correspondían a los adolescentes desaparecidos.

Reparaciones para los familiares

En su sentencia, la Corte Constitucional declaró la desaparición forzada de los cuatro menores y determinó la existencia de vulneraciones a derechos constitucionales. Además del acto de disculpas públicas, la resolución contempla compensaciones económicas para los familiares. La sentencia dispone el pago de 10.000 dólares para los padres de cada víctima y 5.000 dólares adicionales por núcleo familiar como indemnización por daño inmaterial.

También se ordenó la difusión de la sentencia por parte de instituciones estatales como el Ministerio de Defensa, la Defensoría del Pueblo y el Consejo de la Judicatura. Durante el acto previsto para este jueves participarán agrupaciones afrodescendientes con presentaciones artísticas. Asimismo, intervendrán delegados del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil y familiares de los menores.

Otras disposiciones derivadas del caso

La sentencia también ordenó al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Ecuador elaborar un reglamento que regule los mecanismos de coordinación y subordinación entre ambas instituciones durante procedimientos de aprehensión. La medida pone especial énfasis en actuaciones que involucren a niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de establecer protocolos claros de intervención.

Por otra parte, a finales de 2025 un tribunal emitió sentencia contra 16 militares procesados por desaparición forzada dentro del caso Las Malvinas. Once militares fueron condenados a 34 años y 8 meses de prisión, mientras que cinco recibieron penas de 30 meses de privación de libertad tras acogerse a la figura de cooperación eficaz.

Además, un militar fue sobreseído y se ratificó su estado de inocencia. Varios de los sentenciados presentaron recursos de apelación, por lo que el proceso judicial continúa en instancias superiores.

Contexto del caso Las Malvinas

El caso Las Malvinas se originó el 8 de diciembre de 2024, cuando cuatro adolescentes fueron interceptados por una patrulla militar en el sector de la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil. De acuerdo con las investigaciones y los antecedentes recopilados por las autoridades, los menores fueron trasladados hacia la parroquia Taura, en el cantón Naranjal.

Tras la denuncia de desaparición presentada por sus familiares, se desplegaron operativos de búsqueda en distintos puntos de la provincia del Guayas. Días después, cuatro cuerpos fueron encontrados en un estero. A finales de diciembre de 2024, las pruebas de ADN confirmaron la identidad de los adolescentes.

En marzo de 2025, la Corte Constitucional aceptó una acción extraordinaria de protección relacionada con el caso y concluyó que existió desaparición forzada, además de vulneraciones a varios derechos constitucionales. Como parte de la sentencia, el organismo dispuso medidas de reparación integral para los familiares, entre ellas indemnizaciones económicas, la difusión pública del fallo, reformas institucionales y un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas a cargo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.