Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, espera una resolución judicial luego de que la Fiscalía solicitara prisión preventiva en una investigación por presunto lavado de activos. La diligencia involucra además a otras siete personas procesadas dentro de una causa que se originó a partir de un reporte de operaciones inusuales e injustificadas emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
La audiencia de formulación de cargos se instaló en el Complejo Judicial Norte de Quito, a las 19:30, del miércoles 3 de junio. La investigación avanzó tras los allanamientos ejecutados en Esmeraldas, Pichincha, Sucumbíos y Guayas. Durante el operativo, las autoridades levantaron indicios como dinero en efectivo, equipos electrónicos, documentos, vehículos y armas de fuego.
Vicko Villacís y la investigación por lavado de activos
Alrededor de las 20:25, la jueza Silvana Velasco declaró la legalidad y constitucionalidad de la detención de Vicko Villacís y de las otras siete personas aprehendidas. La magistrada concluyó que las actuaciones se ajustaron a la normativa vigente y dispuso la continuación de la audiencia.
Durante la primera parte de la diligencia, varios abogados defensores cuestionaron la legalidad de las detenciones. Gustavo García, representante de cuatro procesados, sostuvo que sus defendidos permanecieron en indefensión debido a que la investigación se inició en noviembre de 2025 y recién recibieron notificación el 3 de junio de 2026.
Defensa cuestiona acceso al expediente
A los cuestionamientos se sumaron Carlos Rosales, abogado de Juan Alberto Lastre Castillo; Cristian Sanal, defensor de Diego Geovanny Montaño Tenorio; y Alfonso Moisés Jiménez Pintado, representante legal de Kleber Andrés Salcedo Tomalá. Los abogados señalaron que no tuvieron acceso oportuno al expediente y que desconocían los hechos que motivaron las detenciones.
La fiscal provincial de Pichincha y Galápagos, Alexandra Zurita, rechazó esos argumentos. Indicó que la investigación permaneció bajo reserva judicial desde noviembre de 2025 y recordó que las órdenes de detención fueron emitidas por autoridad competente con lectura de derechos constitucionales.
Fiscalía expone presunta estructura investigada
Tras resolver ese primer incidente, la fiscal Zurita inició la exposición de los elementos que sustentan la formulación de cargos por presunto lavado de activos. Según explicó, la investigación apunta a una presunta estructura integrada por funcionarios públicos, exfuncionarios y particulares.
La Fiscalía expuso actuaciones relacionadas con acciones de protección que involucraron a Petroecuador y resoluciones judiciales que posteriormente quedaron sin efecto por decisión de la Corte Constitucional. Entre los antecedentes constan pagos superiores a 2,7 millones de dólares a una empresa y otro proceso relacionado con una reparación económica que superó los 30 millones de dólares.
Transferencias millonarias bajo análisis
Durante la audiencia, Alexandra Zurita profundizó en una acción de protección relacionada con extrabajadores de Petroecuador que derivó en un desembolso de 15 millones de dólares. Según la exposición fiscal, parte de esos recursos terminó distribuida entre abogados y posteriormente transferida a terceros que hoy forman parte de la investigación.
La representante del Ministerio Público sostuvo que Juan Alberto Lastre Castillo recibió más de 2,2 millones de dólares dentro de ese proceso y posteriormente transfirió 1,4 millones de dólares a Vicko Villacís. A partir de esa operación, la Fiscalía identificó movimientos financieros, retiros de efectivo e inversiones que forman parte de la trazabilidad del dinero investigado.
Entregas de efectivo y funcionarios judiciales
La Fiscalía también señaló que entre enero y marzo de 2023 se coordinaron entregas de efectivo mediante servicios de transporte de valores por aproximadamente 980.000 dólares. Entre ellas constan una entrega de 380.000 dólares a Carol Zuleyka Lemos Hurtado en Esmeraldas, otra de 200.000 dólares a Diego Geovanny Montaño Tenorio en Quito y una tercera de 400.000 dólares a Luis Jheovanny Reyna Tenorio.
Asimismo, Zurita sostuvo que varios de los procesados mantenían funciones dentro del sistema judicial. Entre ellos mencionó a Diego Geovanny Montaño Tenorio, ayudante judicial; Jonathan Geovanny Monte Baguí, técnico de ventanilla de la Unidad Judicial Multicompetente de Atacames; Jorge Bolívar Pinos Galindo, exjuez; y Kleber Andrés Salcedo Tomalá, también exjuez.
Empresa vinculada y movimientos por $7,5 millones
Otro de los puntos expuestos corresponde a la empresa Reypezpacific S.A., compañía en la que, según la Fiscalía, Vicko Villacís posee el 98 % de las acciones. La investigación identifica movimientos económicos por alrededor de 7,5 millones de dólares entre 2020 y mayo de 2025.
La Fiscalía sostiene que esos recursos habrían sido colocados, transferidos, distribuidos e integrados al sistema financiero mediante empresas, cuentas bancarias, pagos en efectivo, adquisición de bienes y transferencias nacionales e internacionales.
Cohecho, prevaricato y perjurio
La fiscal Alexandra Zurita señaló que el presunto lavado de activos tendría como delitos precedentes el cohecho, el prevaricato y el perjurio. En el caso del cohecho, la hipótesis fiscal apunta a beneficios económicos que habrían llegado a funcionarios y servidores públicos.
Respecto al prevaricato, la investigación revisa actuaciones de operadores de justicia dentro de acciones de protección que derivaron en pagos millonarios de entidades estatales. Sobre el perjurio, se analizan posibles inconsistencias en declaraciones patrimoniales y juramentadas presentadas ante organismos de control.
Fiscalía pide prisión preventiva
Luego de concluir la formulación de cargos, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para los ocho procesados. Argumentó riesgos de fuga, posible obstaculización de la investigación y la necesidad de preservar documentación y otros elementos probatorios.
La jueza Silvana Velasco notificó formalmente el inicio de la instrucción fiscal por 90 días contra Vicko Villacís y los demás procesados por presunto lavado de activos.
Defensa rechaza medida cautelar
La defensa del alcalde de Esmeraldas pidió que se rechace la prisión preventiva. Argumentó que la investigación presenta informes, reportes y documentos que todavía no han sido sometidos a contradicción dentro del proceso.
Además, sostuvo que Vicko Villacís mantiene arraigo por su cargo como alcalde de Esmeraldas, que sus cuentas permanecen congeladas desde marzo de este año y que tiene una hija de tres meses de edad.
Kleber Salcedo responde a la Fiscalía
El exjuez Kleber Salcedo intervino durante la audiencia y solicitó que se rechace el pedido de prisión preventiva. Durante su exposición afirmó: "He sufrido una serie de situaciones de persecución por parte de la Judicatura, Fiscalía y empresas públicas".
Además, sostuvo: "No soy una persona que pone en peligro la investigación ni para el proceso". También manifestó: "Si me hubiera querido ir del país hace mucho tiempo lo hubiera hecho" y agregó: "No soy una persona que comete delitos. Es una sentencia que se debió a mis funciones que tuve en esa época".
Audiencia continuará este 4 de junio
Hasta las 04:00 de este jueves permanecía pendiente la resolución de la jueza sobre las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía.
Finalmente, Silvana Velasco anunció que la audiencia se reinstalará a las 15:00 de este jueves 4 de junio de 2026, momento en el que emitirá su decisión sobre las medidas cautelares personales y reales solicitadas contra Vicko Villacís y los demás procesados.
