El magistrado Jairo García, encargado de la Unidad Judicial Penal contra la Corrupción, fijó para mañana viernes 3 de julio de 2026 la sesión donde analizará la situación jurídica del alcalde guayaquileño Aquiles Alvarez. En esta diligencia, las autoridades evaluarán las medidas restrictivas que recaen sobre el burgomaestre, dos de sus familiares y otros involucrados dentro del llamado caso Goleada.
La sesión iniciará a las 07:30 mediante plataforma virtual, tras la aceptación del juzgador sobre diversos pedidos de postergación presentados anteriormente. Originalmente, el cronograma judicial estipulaba la reunión para las 14:30 del pasado lunes 29 de junio. La Fiscalía General del Estado mantiene bajo indagación a 26 actores, tanto personas naturales como entidades comerciales, por presuntos delitos financieros.
Dinámica procesal contra Aquiles Alvarez
La entidad fiscal atribuye a Aquiles Alvarez y su entorno cercano la conformación de un esquema corporativo diseñado para el blanqueo de capitales mediante transacciones irregulares de combustible. Esta solicitud de revisión proviene directamente del alcalde Aquiles Alvarez, además de sus hermanos Xavier y Antonio. También participan Inmobiliaria Fiorema S.A., con Gioconda Henriques como accionista y José Ruiz Castillo en la presidencia, junto a Gastón Aparicio Loy.
El asambleísta Raúl Chávez se integró a la petición, pues requiere el levantamiento de restricciones sobre su automotor, una Toyota 4Runner vinculada al expediente.
El fiscal Dennis Villavicencio pidió al magistrado García el análisis específico para Aquiles Alvarez, sus hermanos, Fernando Peñaherrera Venegas y César Bravo Ibáñez. Durante febrero, el juez ordenó prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil y su familia tras los registros efectuados en sus domicilios.
Contexto legal del alcalde Aquiles Alvarez
La justicia impuso anteriormente presentaciones periódicas y prohibiciones de salir del territorio nacional para otros cinco procesados, mientras que decretó arresto domiciliario para un individuo adicional. Las autoridades trasladaron a Aquiles Alvarez al centro de reclusión de Cotopaxi durante febrero, hasta su traslado en marzo a la Cárcel del Encuentro en Santa Elena.
Los hermanos de Aquiles Alvarez recuperaron su libertad en abril, aunque el alcalde mantiene su encierro por un expediente paralelo conocido como caso Triple A.
La teoría de los investigadores señala estas irregularidades ejecutadas por el grupo:
- Adquisición masiva de diésel subsidiado destinado a centros de distribución.
- Desvío del suministro hacia navíos de bandera extranjera en lugar de embarcaciones nacionales.
- Creación de empresas ficticias en Panamá con el objetivo de ocultar ingresos.
- Simulación de gastos y obligaciones financieras inexistentes para evadir controles tributarios.
