La Fiscalía General del Estado expuso este 30 de junio, durante la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en Quito, que el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio respondió, según su investigación, a una estructura criminal organizada en tres fases: planificación, ejecución y aseguramiento de impunidad, con la participación de actores políticos, financieros y cabecillas de Los Lobos.

La diligencia avanzó luego de que el juez Giovanny Freire rechazó los pedidos de nulidad presentados por las defensas. El magistrado declaró la validez procesal de todo lo actuado, lo que permitió continuar con la etapa de evaluación de pruebas y escuchar el dictamen acusatorio de la fiscal Ana Hidalgo.

La representante del Ministerio Público anunció que solicitará el llamamiento a juicio del exministro José Serrano, el exasambleísta Ronny Aleaga, el empresario Xavier Jordán, Daniel Salcedo y los presuntos cabecillas de Los Lobos: Wilmer Chavarría, alias Pipo; Ángel Aguilar, alias Lobo Menor; y Luis Arboleda, alias Gordo Luis.

La planificación del asesinato

Durante su intervención, la fiscal Ana Hidalgo sostuvo que el asesinato de Fernando Villavicencio "no fue un hecho aislado ejecutado por actores materiales, sino el resultado de una gran estructura criminal organizada que operó en tres fases distintas: planificación, ejecución y aseguramiento de impunidad".

Según la acusación, Xavier Jordán habría sido el agente determinador del crimen. La Fiscalía señaló que financió el atentado debido a que las investigaciones públicas de Fernando Villavicencio afectaban sus intereses económicos y lo vinculaban con el fallecido narcotraficante Leandro Norero.

Además, la Fiscalía atribuyó a José Serrano un papel estratégico. El dictamen sostiene que habría utilizado contactos dentro de unidades de inteligencia de la Policía Nacional para conocer las rutinas del entonces candidato y vulnerar su esquema de seguridad. Ronny Aleaga, por su parte, habría servido como enlace entre la esfera política y la organización criminal. La investigación también ubicó a Daniel Salcedo como facilitador logístico y financiero, encargado de seguimientos realizados desde 2022 y del contacto con los líderes de Los Lobos.

La ejecución del atentado

La Fiscalía indicó que la segunda fase se concretó el 9 de agosto de 2023, cuando Fernando Villavicencio fue asesinado al salir de un acto político en el exterior del excolegio Anderson, en Quito. La víctima falleció por un traumatismo craneoencefálico severo, según consta en el expediente.

El Ministerio Público afirmó que Wilmer Chavarría, alias Pipo, aceptó ejecutar el crimen por USD 1 millón y dirigió la operación criminal. Bajo su mando, Ángel Aguilar, alias Lobo Menor, habría supervisado la logística desarrollada por Carlos Angulo, alias Invisible, quien ya recibió una sentencia como autor material del asesinato.

La investigación también sostiene que Luis Arboleda, alias Gordo Luis, administró los recursos económicos destinados al atentado. Según la Fiscalía, recibió el dinero de los financistas, lo distribuyó y viajó a Cali, Colombia, para entregar recursos a disidencias de las FARC, con el propósito de reclutar a los sicarios colombianos. La fiscal añadió que las coordinaciones utilizaron aplicaciones como Threema y Signal, códigos alfanuméricos y el desecho de teléfonos móviles para evitar rastreos.

Presunta obstrucción de la investigación

La tercera fase fue denominada por la Fiscalía como aseguramiento de impunidad. Según el dictamen, las personas procesadas realizaron acciones posteriores al asesinato con el objetivo de impedir el avance de la investigación penal.

Durante su exposición, Ana Hidalgo afirmó que el propósito de esa etapa fue "obstaculizar de manera desmedida el descubrimiento de la verdad procesal". Esa afirmación forma parte del sustento con el que el Ministerio Público busca que los siete procesados enfrenten un juicio.

Concluida la intervención de la Fiscalía, la audiencia continuará con la participación de las acusaciones particulares y, posteriormente, con las respuestas de las defensas de los procesados. El juez resolverá después si existen los elementos suficientes para dictar el auto de llamamiento a juicio.