La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) advirtió que la suspensión injustificada del servicio público de transporte terrestre constituye una infracción administrativa muy grave. Asimismo, puede derivar en multas, intervención de operadoras e incluso la revocatoria de rutas o títulos habilitantes. El pronunciamiento se produjo ante el anuncio de una posible paralización indefinida del transporte interprovincial prevista para el viernes 3 de julio de 2026.

La entidad recordó que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que interrumpir la prestación del servicio sin una causa legalmente justificada puede ser sancionado con una multa equivalente a ocho remuneraciones básicas unificadas. La normativa solo contempla excepciones en casos de fuerza mayor, caso fortuito o por disposición expresa de la autoridad competente.

Normativa prevé multas y medidas cautelares

La ANT informó que, de comprobarse una paralización del servicio, iniciará los procedimientos administrativos correspondientes para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones previstas en la legislación vigente, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa de las operadoras involucradas.

Además, recordó que las resoluciones que regulan los contratos de operación permiten adoptar medidas cautelares cuando la interrupción del servicio afecte el interés público. Entre ellas constan la intervención de la operadora, la suspensión de rutas o unidades, la revisión técnica extraordinaria y la reevaluación obligatoria de los conductores.

Sanciones pueden ir más allá de una multa económica

La autoridad señaló que las consecuencias pueden extenderse más allá de la sanción económica. Dependiendo de la gravedad de la infracción, la legislación contempla la reversión definitiva de rutas y frecuencias, así como la revocatoria del título habilitante que autoriza la prestación del servicio público de transporte.

La ANT insistió en que estas medidas buscan garantizar la continuidad del servicio y proteger el interés general de los usuarios, especialmente cuando una eventual suspensión pueda afectar la movilidad de miles de pasajeros en el país.

Transportistas mantienen reclamos al Gobierno

El pronunciamiento de la ANT surgió tras la difusión de una circular atribuida a la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip), en la que el gremio anunció una "medida de resistencia" por la crisis económica que, según sus dirigentes, atraviesa el transporte intra e interprovincial.

Los representantes del sector indicaron que esperan una reunión con la ANT para revisar el incremento de las tarifas de los buses conforme a los costos actuales de operación. También solicitan compensaciones por la eliminación del subsidio a los combustibles y acciones para combatir la informalidad en el transporte.

Mientras tanto, la medida de "apagado de motores" se mantiene prevista para iniciar a las 00h00 del viernes 3 de julio y extenderse de forma indefinida si no reciben una respuesta a sus planteamientos.