En una operación militar se destruyó maquinaria, combustible y campamentos utilizados para minería ilegal. Ocurrió en el cantón Limón Indanza, provincia de Morona Santiago, con el objetico de combatir actividades ilícitas que afectan el medio ambiente, generan riesgos a la seguridad y violan la normativa nacional.
Efectivos militares llegaron al sector y procedieron con la destrucción controlada de maquinaria, depósitos de combustible y estructuras de campamentos empleados en minería ilegal.
Intervecnción militar
La intervención se realizó conforme a los protocolos establecidos para este tipo de operaciones, con el objetivo de neutralizar la infraestructura utilizada por esta actividad. No se reportan detenciones en la información oficial inicial, aunque las evidencias y el lugar fueron procesados según los procedimientos legales.
Las Fuerzas Armadas ratificaron que estas acciones forman parte de las operaciones permanentes en la Amazonía ecuatoriana.
La provincia de Morona Santiago, ubicada en la región amazónica, presenta importantes reservas naturales y ha sido afectada por la minería ilegal, que genera deforestación, contaminación de ríos y conflictos sociales. Limón Indanza es uno de los cantones donde esta problemática se ha manifestado con mayor intensidad.
Minería ilegal
La destrucción de maquinaria y combustible busca mitigar daños irreversibles en ecosistemas frágiles. Ríos y suelos de la zona han registrado contaminación por metales pesados en operativos anteriores, afectando la biodiversidad y las comunidades locales que dependen de recursos hídricos.
Las Fuerzas Armadas, en coordinación con otras instituciones del Bloque de Seguridad, mantienen un despliegue estratégico en la Amazonía para combatir la minería ilegal.
Estas intervenciones incluyen sobrevuelos, patrullajes terrestres y destrucciones controladas que afectan directamente la logística de las operaciones ilícitas.
Las Fuerzas Armadas han destacado que estas operaciones responden al mandato constitucional de proteger los recursos naturales y garantizar la seguridad en todo el territorio nacional. Las acciones se ejecutan respetando protocolos ambientales y de derechos humanos.
