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El debate sobre la efectividad del control gubernamental en Ecuador expone las limitaciones de la Contraloría para recuperar fondos públicos y asegurar sanciones judiciales definitivas.
La justicia ecuatoriana intensifica la búsqueda de pruebas sobre el presunto desvío de fondos públicos durante la emergencia energética. Nuevos operativos en el puerto principal refuerzan la tesis de irregularidades en contratos de generación termoeléctrica, mientras el país demanda respuestas por la crisis de 2024.
Esta decisión responde a un pedido de la asambleísta Viviana Veloz, motivado por la alerta sobre la falta de pagos a prestadores externos de salud, lo que llevó a la suspensión de atención médica desde el 1 de diciembre de 2025.
Las fallas, que incluyen el uso de equipos no nuevos y no adquiridos al fabricante, representan un perjuicio de USD 100 millones para el Estado.
La Contraloría de Ecuador detectó indicios penales en el 54 % de los exámenes a patrimonios de jueces y fiscales, remitidos ya a la Fiscalía.
A nueve años del terremoto, la reconstrucción sigue pendiente. La Fiscalía ha revelado irregularidades en el uso de fondos públicos.
