La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria de tres años de prisión contra Cristian Fernando C., quien se desempeñaba como agente metropolitano de tránsito al momento de los hechos, por el delito de concusión. La decisión fue emitida por un Tribunal tras determinar que el funcionario exigió 150 dólares a un ciudadano para no aplicar una sanción de tránsito en el centro de Quito.

La investigación estableció que los hechos ocurrieron el 28 de septiembre de 2022, en las calles Ambato e Imbabura, en el centro de la capital ecuatoriana. Según la acusación fiscal, el entonces agente advirtió al conductor que su vehículo podría ser retenido y que incluso podría ser detenido debido al supuesto mal estado de las llantas.

De acuerdo con los elementos presentados durante el proceso judicial, el dinero solicitado fue transferido a la cuenta bancaria de un familiar del procesado. Para la Fiscalía, esta operación constituyó un beneficio económico indebido derivado del ejercicio de funciones públicas.

Investigación y elementos probatorios

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la víctima ante la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción Quito Honesto. A partir de esta acción se desarrolló una investigación que permitió recopilar distintos elementos de prueba.

Entre las evidencias constaron las versiones de la víctima, informes contables relacionados con las transferencias efectuadas, certificaciones laborales, diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos y documentación adicional incorporada al expediente.

Durante la audiencia de juicio, la Fiscalía presentó estos elementos para sustentar la acusación y demostrar la responsabilidad penal del procesado. Como resultado, el Tribunal dictó una sentencia condenatoria e impuso además una multa equivalente a diez salarios básicos unificados.

Medidas de reparación e inhabilitación

La sentencia también contempla medidas de reparación integral. Entre ellas se dispone que el condenado ofrezca disculpas públicas a la Agencia Metropolitana de Tránsito y al cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito mediante un acto público.

Asimismo, deberá colocarse una placa conmemorativa en un espacio visible de la institución con un mensaje orientado a reconocer que la corrupción afecta gravemente a la administración pública.

Adicionalmente, el Tribunal ordenó el pago de 150 dólares a favor de Lourdes Lozano, quien realizó la transferencia del dinero exigido. También dispuso notificar al Ministerio del Trabajo para registrar la inhabilidad del sentenciado para ejercer cargos públicos, conforme a la normativa vigente.

Contexto legal

El delito de concusión está tipificado en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La norma sanciona a los servidores públicos que, aprovechándose de su cargo, exijan u ordenen el pago de contribuciones, derechos o beneficios económicos indebidos.

Este tipo de infracción forma parte de los delitos contra la eficiencia de la administración pública y contempla sanciones para quienes utilicen funciones estatales con el fin de obtener ventajas económicas ilegítimas.