Siete de los ocho investigados en el denominado caso Blindaje presentaron recursos de apelación contra la prisión preventiva ordenada durante la audiencia de formulación de cargos realizada el pasado 4 de junio, en Quito. Entre los procesados figura el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, quien es investigado junto a funcionarios, exfuncionarios y particulares por un presunto esquema relacionado con lavado de activos, según la hipótesis expuesta por la Fiscalía General del Estado.
Los recursos fueron interpuestos por Vicko Villacís, Luis Reyna, Carol Lemos, Jonathan Monte, Diego Montaño, Kléber Salcedo y Jorge Pinos, quienes buscan que una instancia superior revise la medida cautelar dispuesta por la jueza Silvana Velasco. Hasta el momento, únicamente uno de los ocho procesados no había presentado formalmente este mecanismo de impugnación.
Investigación se originó por reporte financiero
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía explicó que el caso tuvo origen en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). A partir de esa alerta se desarrollaron investigaciones sobre movimientos financieros considerados relevantes para la causa.
Según la teoría fiscal, existiría una presunta estructura integrada por servidores públicos, exfuncionarios y particulares que habrían participado en operaciones económicas vinculadas a decisiones judiciales emitidas en años anteriores. Parte de las indagaciones se relacionan con acciones de protección que involucraron a Petroecuador y que posteriormente fueron revisadas o dejadas sin efecto por la Corte Constitucional.
Movimientos de dinero bajo análisis en el caso Blindaje
Entre los elementos expuestos por la Fiscalía constan transferencias y pagos que superan los 2,7 millones de dólares hacia una empresa, además de otro proceso vinculado con una reparación económica superior a 30 millones de dólares.
Asimismo, la investigación analiza una acción de protección relacionada con extrabajadores de Petroecuador que derivó en un desembolso cercano a 15 millones de dólares. De acuerdo con la exposición fiscal, una parte de esos recursos habría sido distribuida entre abogados y posteriormente transferida a terceros que actualmente forman parte del proceso judicial.
La Fiscalía sostiene que el presunto delito de lavado de activos tendría como infracciones precedentes cohecho, prevaricato y perjurio. Con base en los elementos presentados durante la audiencia, la jueza consideró que existían indicios suficientes para establecer una probabilidad de participación de los procesados en el delito investigado y dispuso la prisión preventiva mientras continúan las diligencias del caso.
