José Serrano Salgado, exministro del Interior y exasambleísta de Ecuador, fue trasladado al Centro Correccional del Condado de Adams, en Mississippi, Estados Unidos, luego de permanecer recluido desde agosto de 2025 en la cárcel de Krome en Miami, Florida.
El movimiento fue ejecutado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en medio de un proceso legal donde la defensa del exfuncionario busca su liberación inmediata mediante una fianza y un recurso de habeas corpus.
El traslado de José Serrano
La transferencia de centro de reclusión se hizo pública la mañana de este martes, 23 de junio de 2026.
Ayer, 22 de junio de 2026, el localizador de ICE arrojó inicialmente que el político ecuatoriano ya no figuraba bajo la custodia de las agencias de control estadounidenses. No obstante, horas más tarde del mismo día, el exministro volvió a aparecer listado como detenido por la entidad migratoria, inicialmente sin especificar el recinto carcelario asignado.
La falta de precisión inicial en la plataforma sugería una movilización en tránsito que concluyó formalmente este martes, cuando el sistema informático actualizó su base de datos reflejando su ubicación definitiva.
El nuevo destino de José Serrano, el complejo de Adams, corresponde a una prisión de mediana seguridad de gestión privada que opera actualmente como uno de los centros de detención de migrantes más grandes de los Estados Unidos.
Plazos judiciales y habeas corpus
Este cambio de locación geográfica e institucional coincidió de forma directa con el vencimiento del plazo máximo que la Corte Federal del Distrito Sur de Florida otorgó al Departamento de Justicia para responder a las acciones legales de los abogados de José Serrano.
En dicha demanda de habeas corpus, la defensa legal del exministro exigía su salida inmediata del régimen penitenciario por considerarlo bajo una retención "ilegal y arbitraria".
Los argumentos de los defensores de Serrano apuntan a que el exfuncionario ya había obtenido previamente el bloqueo a su deportación, por lo que su permanencia prolongada en celdas de aislamiento migratorio carecía de sustento legal.
Pese a las solicitudes de fianza presentadas para recuperar su libertad ambulatoria mientras se resuelve su estatus definitivo en el país norteamericano, la administración de justicia estadounidense procedió con el traslado de estado.
