La Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó 23 allanamientos simultáneos contra funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) por sospechas de cobros irregulares a cambio de agilizar trámites administrativos. Los operativos se llevaron a cabo en las provincias de Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas, como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada.
Al caso, la Fiscalía lo identificó como "caso Jaque". Según la hipótesis de la Fiscalía General del Estado, existiría una estructura criminal integrada por cabecillas y miembros en diferentes roles, dedicada a facilitar procesos como la obtención o renovación de licencias de conducir mediante pagos ilícitos, conocidos como coimas. Durante los allanamientos, las autoridades incautaron diversos elementos que respaldan la indagación.
Empleados de la ANT de tres provincias fueron allanados
En una de las viviendas intervenidas, se hallaron varios fajos de billetes en denominación de 20 dólares estadounidenses, descritos por la Fiscalía como "una gran cantidad", aunque la cifra exacta no ha sido precisada hasta el momento. Además, se decomisaron celulares, documentación relacionada con trámites vehiculares, dispositivos de almacenamiento digital, licencias de conducir, joyas y chalecos identificados con el logo de la ANT, entre otros objetos.
Estos hallazgos se consideran clave para probar la presunta red de corrupción dentro de la institución. La investigación surge en un contexto de quejas recurrentes sobre los procedimientos de la ANT, que han sido calificados como complejos y demorados por los usuarios. En los meses finales de 2025, el sistema informático de la agencia presentó fallas técnicas que obligaron a miles de personas a reagendar sus turnos para licencias y otros servicios.
Redes de delincuencia organizada en entidades públicas.
Fuentes oficiales indican que estos retrasos podrían haber facilitado el surgimiento de prácticas irregulares, aunque no se ha establecido una conexión directa con el operativo actual. Hasta el momento de esta publicación la ANT no había emitido un pronunciamiento oficial sobre los allanamientos o las acusaciones contra sus funcionarios. La Fiscalía señaló que la operación busca desarticular posibles redes de delincuencia organizada en entidades públicas.
El caso Jaque en la ANT continúa en fase de investigación preliminar, con énfasis en analizar la evidencia recolectada para determinar responsabilidades individuales. Este operativo resalta la lucha contra la corrupción en instituciones estatales, un tema recurrente en Ecuador. En años recientes, similares indagaciones han involucrado a otras entidades gubernamentales, subrayando la necesidad de reformas en sistemas burocráticos para prevenir abusos. (17)
