La Contraloría General del Estado (CGE) dispuso exámenes especiales sobre declaraciones patrimoniales de directivos de la ANT tras un operativo fiscal que reveló cobros ilegales sistemáticos. Además, la medida busca verificar incrementos injustificados y detectar posibles vínculos con una red interna que manipulaba trámites, registros y autorizaciones oficiales.
Los controles alcanzan funcionarios de Pichincha, Guayas, Manabí, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas dentro de una revisión coordinada con autoridades judiciales. Por consiguiente, la Dirección Nacional de Auditoría de Declaraciones Patrimoniales Juradas de la CGE ejecutará verificaciones técnicas mientras equipos especializados rastrean movimientos financieros y comunicaciones relacionadas con la investigación penal.
Operativo Caso Jaque golpea estructura de la ANT
La Fiscalía General del Estado ejecutó un operativo nacional que dejó diez detenidos, entre ellos directivos y jefes de agencias de la ANT. Asimismo, los investigadores identificaron una estructura que ofrecía trámites rápidos, entrega de licencias a domicilio y eliminación de multas a cambio de pagos clandestinos.
Según las pesquisas, los involucrados recibían entre 150 y 200 dólares por gestión irregular dentro del sistema informático institucional. En consecuencia, las autoridades presumen ingresos superiores a tres millones de dólares depositados en cuentas vinculadas a los funcionarios investigados.
Allanamientos y evidencia tecnológica clave en la ANT
Durante la madrugada del 30 de enero de 2026, agentes realizaron 23 allanamientos en viviendas y oficinas de la ANT en varias ciudades del país. Además, los operativos permitieron levantar indicios digitales que fortalecen la hipótesis de delincuencia organizada con participación de personal administrativo y directivo.
La Policía incautó 38 celulares, ocho laptops, 55 dispositivos electrónicos y 165 documentos relevantes para reconstruir operaciones internas y cadenas de autorización. Por lo tanto, los peritos analizarán la evidencia tecnológica para rastrear órdenes, accesos remotos, cambios de registros y posibles coordinaciones externas.
Cierre nacional y depuración institucional de la ANT
El ministro del Interior, John Reimberg, informó que el perjuicio económico supera los tres millones de dólares detectados durante las primeras diligencias oficiales. Debido a ello, el Gobierno ordenó cerrar oficinas de la ANT por treinta días mientras técnicos auditan sistemas, procesos y perfiles de usuarios.
Durante la suspensión, equipos especializados revisarán cada trámite emitido, cada licencia generada y cada multa modificada dentro de las plataformas institucionales. Finalmente, la intervención apunta a recuperar la transparencia operativa y garantizar servicios de tránsito confiables para la ciudadanía en todo el Ecuador.
Exámenes patrimoniales avanzan contra directivos de la ANT
La Contraloría ejecutará cruces de información bancaria, tributaria y registral para detectar variaciones patrimoniales sin respaldo legal documentado. Además, los resultados podrían derivar en sanciones administrativas, responsabilidades civiles y nuevas acciones penales coordinadas con la Fiscalía.
Estas acciones integran una estrategia estatal que combina control financiero, depuración tecnológica y persecución penal contra redes internas detectadas. Por ende, el Estado impulsa una limpieza profunda en la ANT para impedir nuevos esquemas de cobro ilegal y manipulación de trámites. (07)
